El pasado 9 de febrero de 2015, una persona sin hogar que responde a la iniciales J. J., varón de 41 años, fue agredido por dos jóvenes en la localidad de Aldaia (Valencia), provocándole una grave herida en el cráneo tras golpearle con un ladrillo, así como diversas contusiones en el rostro y quemaduras en cara, manos y ropa. Como consecuencia de la agresión, fue ingresado en estado grave en un hospital.

La pasada semana agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes, uno de 28 años y otro menor de edad, acusados de un homicidio en grado de tentativa y delito contra la integridad moral. Ambos habrían trasladado a la víctima desde Valencia hasta el descampado donde fue agredido y, posteriormente, localizado por la policía después de la llamada de un ciudadano.

 

Ante estos hechos, el Observatorio Hatento manifiesta:

  • El Observatorio Hatento considera que, según la información proporcionada por la Policía Nacional y publicada en diversos medios, este caso podría constituir un claro ejemplo de los delitos de odio que se cometen contra las personas en extrema situación de exclusión social.
  • La ciudadanía puede y debe tener un papel activo de denuncia frente a este tipo de hechos, cuando es testigo de los mismos, tal y como ha ocurrido en este caso.
  • Los delitos de odio contra las personas sin hogar son una vulneración flagrante de los derechos humanos y suponen uno de los mayores atentados contra la dignidad de las personas. Ser víctima de un delito de odio implica ser despojado de nuestra identidad como ciudadano o ciudadana, ya bastante mermada por la violencia que implica el propio fenómeno del sinhogarismo. Una sociedad democrática no puede permitirse abandonar más allá de los márgenes a parte de su ciudadanía.
  • Nuestro país no cuenta con estadísticas sólidas sobre la incidencia de los delitos de odio contra las personas sin hogar, pero la experiencia de las organizaciones que luchamos contra la discriminación de las personas sin hogar y que formamos parte del Observatorio Hatento, nos dice que estamos ante un fenómeno invisibilizado de vulneración de derechos fundamentales.

 

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